Colombianas, colombianos, pueblos y comunidad internacional:

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) ha seguido con enorme preocupación y tristeza la brutal represión armada que se ha venido presentando con motivo de las protestas legítimas de la sociedad colombiana y los pueblos étnicos en el marco del paro nacional, nos solidarizamos con los cientos de víctimas, desaparecidos y decenas de personas asesinadas, incluidas personas de los pueblos étnicos. 

Recordamos en el Acuerdo de Paz reconoce el derecho a la protesta pacífica y la movilización como pilar fundamental del sistema democrático y, como parte de las Garantías de Seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, estableció el desarrollo de garantías para la movilización y la protesta pacífica (2.2.2). En el contexto actual la IEANPE considera incumplidas estas garantías por el Gobierno Nacional y demanda del mismo cesar su violación y atenerse a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta social, garantizando los derechos de las y los manifestantes, en especial el derecho a la vida y la libertad personal. Rechazamos la persecución judicial de la Fiscalía y otros funcionarios públicos contras las autoridades indígenas de AISO y demandamos el cierre inmediato de los procesos judiciales en curso. 

Dada la gravedad de lo hasta ahora sucedido en el marco de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a la población civil perpetradas por las fuerzas públicas que están por contrario instituidas para proteger a todas las personas en su vida y demás derechos y libertades, como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que además establece como derecho fundamental la participación de todos en las decisiones que nos afectan, solicitamos a todas las instituciones del Estado defender la integridad democrática de Colombia y a la comunidad internacional:

1. Solicitar a los Estados Americanos miembros de la OEA y su Secretario General que basado en los principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana convoquen con urgencia un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que se adopten decisiones urgentes para cesar los asesinatos de civiles y la represión del pueblo colombiano y reestablecer el orden constitucional y estado de derecho en Colombia.
2. Solicitamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a que en el marco de su mandato y en consecuencia con los crímenes de lesa humanidad que se vienen presentando adelante las investigaciones que se requieran para llevar ante la justicia a todos los responsables de estos crímenes, incluidos altos mandos de Gobierno y de la Fuerza Pública Colombiana y demás perpetradores e instigadores de estas graves violaciones. 
3. Solicitamos a todas las relatorías y demás Mecanismos Especiales de las Naciones Unidas a que se pronuncien rechazando estas graves violaciones a la Carta Internacional de Derechos Humanos y en el marco de sus respectivos mandatos, y en especial de forma conjunta, realicen todas las acciones posibles para proteger los derechos humanos de las y los colombianos y los pueblos étnicos.
4. Requerimos al Secretario General de las Naciones Unidas, por concurso de su Representante Especial de la Misión de Verificación en Colombia, solicitar una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para tratar la grave situación de derechos humanos en Colombia, incluido el incumplimiento global del Acuerdo de Paz refrendado en noviembre de 2016.
5. Solicitamos al Gobierno de EE.UU, a la Unión Europea y demás gobiernos y estados del mundo a realizar todos los esfuerzos diplomáticos para cesar esta barbarie, e instamos a cortar de la forma más inmediata posible cualquier contribución financiera o de otro tipo con el Gobierno de Colombia hasta que cesen las graves violaciones de los derechos humanos y se regrese a la regla democrática. 
6. Instamos a los pueblos del mundo a apoyar desde todos los rincones y con todos los medios a las y los Colombianos y a los pueblos étnicos que continúan resistiendo y ejerciendo su derechos legítimo a la movilización y a la protesta pacífica.

La IEANPE seguirá su proceso de seguimiento de esta crítica situación y reitera su férrea disposición para facilitar un diálogo de país e internacional con todas las partes para superar urgentemente la que entendemos como la crisis democrática y de derechos humanos más importante del país desde la Constitución Política de 1991. 

LA PROTESTA PACÍFICA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y LA MEJOR HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA PARA OPONERSE A CUALQUIER FORMA DE OPRESIÓN O TIRANÍA

¡EL PUEBLO NO SE RINDE CARAJO!