El Distrito Especial de Buenaventura está ubicado en la región del Pacífico colombiano, administrativamente es parte del Departamento del Valle del Cauca. Este territorio esta bañado por nueve cuencas hidrográficas (Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquín, Raposo, Anchicayá, Dagua, Calima y Bahía Málaga 95% del territorio) y su zona urbana (5%). A Buenaventura, se le impuso una violencia desde hace 26 años y pese a las acciones de las organizaciones sociales con acompañamiento de ONG'S defensoras de derechos humanos, organismos internacionales, el Ministerio Público (que expide alertas tempranas como la 039 de 2023, pero que no son atendidas) y otras instituciones del Estado, todavía sigue envuelta en este fenómeno nefasto y no se evidencia una clara salida a dicha situación. Desde la región del Pacífico también reconocemos, lamentamos y nos solidarizamos con la situación que en la actualidad padecen las comunidades del Catatumbo, Arauca y otras zonas periféricas de Colombia.

Buenaventura, uno de los territorios más extensos del país (6.028 k2), esta completamente copado por actores armados ilegales, que en algunas partes ejercen más controles que en otras. El fin de estos actores es la extorsión, la explotación de la minería de oro con maquinarias pesadas y el tráfico de drogas ilícitas. La disputa in situ por las ganancias que dejan estas actividades nefastas para el territorio. incluido sus habitantes, concitan desplazamientos forzados, constreñimientos, confinamientos, despojo territorial, usurpación de la gobernabilidad en el territorio, limitación a las iniciativas de paz, amenazas, asesinatos, desapariciones de personas (los dos últimos incluyendo personajes de los mismos actores en conflicto).

Una muestra fehaciente de esto es que en lo que va corrido del año 2025, en Buenaventura ha habido 21 asesinatos, y enfrentamientos de la fuerza pública con Ia columna móvil Jaime Martínez del Estado Mayor Central, en la cuenca del río Naya y en la cuenca del Yurumanguí. En este último se presentaron tres heridos (uno de ellos falleció posteriormente); dos personas accidentadas con minas quiebran patas (uno en calima y otro en Cajambre). En el caso de la cuenca del Calima, en la cual ha habido presencia sostenida del ELN desde hace más de diez años, y aproximadamente 3 años del Clan del Golfo, se han presentado varias desapariciones forzadas, una de ellas registradas el 25 de diciembre de 2024; el cuerpo del joven apareció sin vida en las primeras semanas de enero de este año. También, en enero de 2025 comenzó a hacer presencia las disidencias de las FARC. Es decir, en una sola cuenca existe presencia de al menos tres actores armados ilegales disputándose el territorio. Se trata de una cuenca en donde el 40% de las comunidades estuvieron en situación de desplazamiento forzado por más de dos años. Las comunidades retornaron hace menos de doce meses y el Estado no ha tomado control de este territorio. Una de las comunidades retornadas se vio forzada a desplazarse nuevamente por el hostigamiento de un actor armado.

Ante esta situación (tanto urbana como rural) se solicita lo siguiente:

• Al presidente de la República doctor Gustavo Petro Urrego y a la Vicepresidenta Francia Helena Márquez Mina, atender (a través de los ministerios y departamentos administrativos) la situación social y de orden público del suroccidente del país y especialmente del Pacífico, no en el marco de las políticas corrientes del Estado, sino de manera extraordinaria. Las y los pobladores no aguantamos más.
• A la Gobernadora del Valle promover y elaborar, en conjunto con los otros gobernadores de la región (con la participación de las dinámicas organizativa), un plan de choque para el suroccidente del país, que permita mejorar las condiciones de vida en materia de orden público y en los derechos de las y los pobladores.
• A los actores en conflicto, cesar la guerra y las actividades ilícitas en la región.
• Se solicita agilizar las instalaciones de las cámaras en Buenaventura promesa del Estado desde el 2014, acuerdo producto de la marcha para vivir con dignidad en el territorio y que se ha venido refrendando en varias ocasiones, incluyendo los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura de 2017.
• Se requiere una reunión de alto nivel de manera urgente liderada por el Ministro del Interior y el Comisionado de Paz, para abordar el tema del desarrollo de los diálogos socio jurídico y mesas de diálogo con demás actores armados ilegales que hacen presencia en Buenaventura.
• Es perentorio que la Alcaldía de Buenaventura, se articule al espacio de diálogos socio jurídico de Buenaventura y fortalezca su accionar como primer respondiente del Distrito. La paz total articula la garantía de derechos, en tal sentido se solicita agilizar la implementación de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura y de más acuerdos suscrito entre el gobierno nacional y las comunidades. 
• A la comunidad internacional, acompañar con determinación a las comunidades de Buenaventura, el litoral Pacífico y del suroccidente en general, y realizar las gestiones, acciones e intermediaciones necesarias para proteger nuestros derechos y resguardar nuestras vidas.